La nueva Ley de Glaciares pone en riesgo las reservas de agua dulce, por lo que miles de ciudadanos se están organizando para entablar una demanda colectiva de inconstitucionalidad.
Argentina atraviesa un momento bisagra. Mientras el mundo entero discute cómo enfrentar la crisis climática, en nuestro país la Cámara de Diputados acaba de dar un paso hacia atrás: la aprobación de una reforma que mutila la Ley de Glaciares y que pone en riesgo nuestras principales reservas de agua dulce. No estamos ante un simple debate técnico o administrativo; estamos ante una decisión política que compromete el acceso al agua y el futuro ambiental del país.
Ante esta traición a la voluntad popular, que expresó su rechazo a la modificación de la ley, la respuesta de la sociedad civil ha sido contundente. Más de 300.000 personas ya se adhirieron a lo que se perfila como la demanda colectiva más grande de la historia. No es solo un trámite judicial; es un acto de construcción ciudadana. A través de la plataforma demandacolectivaglaciares.org, cientos de miles de argentinos están reclamando que se reconozca la inconstitucionalidad de una medida que viola flagrantemente el principio de no regresión ambiental.
La Ley de Glaciares original, sancionada hace quince años con un consenso amplio, nació con un espíritu claro: proteger todos los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, la reforma habilita actividades extractivas como la minería en zonas que antes estaban protegidas, abriendo la puerta a intervenciones de alto impacto.
Lo que resulta más alarmante no es solo el contenido de la reforma, sino la manera en que se gestó. Se nos habló de modernización, pero se practicó el silenciamiento. Más de 105.000 ciudadanos se inscribieron para participar en audiencias públicas, pero apenas el 0,2% fue escuchado. Cuando la política decide legislar a puertas cerradas, ignorando el consenso científico y la voluntad popular, la democracia se debilita.
Los glaciares que se vean afectados por esta reforma no se recuperarán. Si los destruyen para la extracción de minerales, se canjeará el agua de las próximas generaciones por una rentabilidad inmediata, efímera y para pocas manos. En provincias como las de la región de Cuyo, donde el estrés hídrico ya es una realidad, esta reforma es, literalmente, una amenaza concreta para la población.
La justicia ahora tendrá la palabra, pero el motor es la gente. Este nivel de movilización demuestra que, cuando se cierran los canales institucionales, la ciudadanía encuentra nuevas formas de hacerse escuchar. No permitamos que el lobby minero defina el mapa de los glaciares. Hoy, defender los glaciares es, sencillamente, defender la vida.
*Andrés Nápoli, abogado y Director Ejecutivo de FARN, Enrique Viale, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Agostina Rossi Serra, bióloga y especialista en biodiversidad de Greenpeace
