En un hecho que genera creciente preocupación en el ámbito gremial y político de la provincia, dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) Jujuy denunciaron haber sido hostigados en las primeras horas de hoy por efectivos de las fuerzas de seguridad y funcionarios del municipio de Calilegua, mientras intentaban llevar a cabo una asamblea informativa pacífica.
Según el gremio, el accionar represivo se produjo con la participación directa de funcionarios municipales identificados como Sara del Rosario Rodríguez, Alejandro Sosa y Héctor Arnedo —estos dos últimos, primos del actual intendente Raúl “Choco” Chaves—, quienes habrían intimidado y forzado a los trabajadores a abandonar la asamblea para retomar sus tareas laborales, en abierta violación a la Ley Nacional 23.551 de asociaciones sindicales, que garantiza el derecho a la libertad sindical y de reunión.
VIDEO: DENUNCIA SEOM CALILEGUA
Desde el SEOM también denunciaron una serie de irregularidades que comprometen directamente al intendente Chaves, incluyendo la negativa a reincorporar a trabajadoras despedidas de manera presuntamente injustificada y la retención indebida de la cuota sindical de los afiliados, que ascendería a $12 millones. La situación ya se encuentra judicializada luego de que el municipio entregara dos cheques sin fondos al sindicato.
Además, el sindicato advirtió que esta práctica de retención irregular no sería un hecho aislado, sino parte de una conducta sistemática del Ejecutivo local, que también estaría reteniendo fondos pertenecientes a otros gremios y a prestadoras de salud como el coseguro de la Clínica Ledesma —a la que no se le paga desde hace ocho meses— y el Instituto del Norte, que brinda servicios de sepelio. Esta situación podría derivar en embargos y acciones judiciales que afectarían directamente al patrimonio municipal y, en consecuencia, a toda la comunidad de Calilegua.
Desde el SEOM exigen la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos, el respeto al derecho de organización sindical y el cese de prácticas que consideran persecutorias y violatorias de derechos fundamentales.
