Tras la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Kirchner deberá enfrentar ahora, junto el resto de los otros ocho condenados, un decomiso de bienes por $84.835 millones. Así lo dispuso el TOF Nro 2 en su fallo del 6 de diciembre de 2022. El monto debe ajustarse a valores de hoy.
La dos veces presidenta y ex vicepresidenta de la Nación declaró un patrimonio de $250 millones ($249.421.220 para ser exactos), al cierre de 2023, según informó ante la Oficina Anticorrupción. Así figura en su declaración jurada de Baja, que están obligados a presentar todos los funcionarios públicos cuando dejan el poder.
El monto es un 110% más en términos nominales que lo que la ex mandataria había declarado al finalizar el año anterior: $118,8 millones. Sin embargo, si se considera la inflación promedio en 2023 (133,5%), tuvo un descenso en su patrimonio en el año del 10%, según el cálculo realizado por Infobae
La familia Kirchner es dueña, de dos sociedades que están bajo investigación de la Justicia: Hotesur, que adquirió en 2008 y es dueña del Hotel Alto Calafate, y Los Sauces, la inmobiliaria familiar comprada en 2006.
Entre sus inmuebles, está el departamento que Cristina Kirchner está usando para vivir, en el barrio de San Cristóbal, en el 2 piso “D” de la calle San José 1111, y en el que pidió anoche cumplir la prisión domiciliaria. Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015, y pagada USD 370.000. Es donde vivía Florencia Kirchner y está embargada en el marco de la causa conocida como Hotesur-Los Sauces.
En julio de 2023, Cristina Kirchner se compró un Toyota Corolla Híbrido con motor de 1.8 litros modelo 2023, que declaró en $15.333.801.
Además, dijo tener $1.744.271 en cuatro cajas de ahorro en el país, y bienes del hogar por $1.843.496. No declaró dinero en el exterior ni deudas. Como ingresos anuales durante 2023, informó $97.727.008, y gastos personales por $82.109.709.
En diciembre del año pasado, la Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex presidenta y ordenó avanzar en la investigación sobre su patrimonio. La última investigación por enriquecimiento ilícito referido al período 2010-2014 había sido cerrada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que intervinieron en la instrucción de la causa Vialidad.
